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Países de la UE acuerdan endurecer política migratoria
ESPAÑA, PORTUGAL Y FRANCIA VOTARON EN CONTRA

Países de la UE acuerdan endurecer política migratoria

Se crearán “centros de retorno”.

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Los países miembros de la Unión Europea aprobaron ayer un endurecimiento de las normas migratorias que permitirán la creación de “centros de retornos” fuera del bloque para los solicitantes de asilo cuyas demandas hayan sido rechazadas.

Los Estados de la UE llegaron a un acuerdo sobre dos propuestas legislativas relativas a los terceros “países seguros”, dirigidas a acelerar los retornos de los migrantes que no tienen posibilidades de ver admitida su solicitud de asilo en territorio comunitario, reportó el portal de la TV pública de Alemania DW.

Reunidos en Bruselas, los ministros de Interior de los 27 Estados miembros, dieron luz verde a las medidas presentadas por el brazo ejecutivo del bloque, en un contexto de auge de los partidos que reclaman reducir la migración.

Además de la apertura de centros fuera de las fronteras de la UE, donde se enviaría a los migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada, el paquete contempla sanciones más severas contra quienes se nieguen a abandonar el territorio europeo.

El paquete debe ser aprobado por el Parlamento Europeo antes de entrar en vigor.

Los Estados de la Unión Europea, por otro lado, acordaron un nuevo reglamento que revisa el concepto de tercer país seguro para ampliar las circunstancias en las que una solicitud de asilo puede ser rechazada por inadmisible. En particular, no exige de manera obligatoria que exista una “conexión” con el país para poder devolver a un migrante.

Asimismo, dieron luz verde a la primera lista de países de origen considerados “seguros” que, además de Marruecos y Colombia, incluye a Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez y, en principio, también a los países candidatos a la adhesión a la UE.

España votó en contra de la normativa sobre el concepto de tercer país seguro, al igual que Francia y Portugal.

Las propuestas han desatado la indignación de la izquierda y de las organizaciones que defienden a los exiliados, quienes denuncian que se trata de medidas que vulneran los derechos humanos.

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